En 2013, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos establecieron el incremento a la tasa aplicable del impuesto al valor agregado (IVA) en la región fronteriza y franja fronteriza, aumentando de 11 a 16 por ciento, para incentivar la recaudación fiscal. Es decir, se propuso un aumento real a la carga fiscal para el ámbito fronterizo de 45 por ciento del total de la tasa impositiva.

La magnitud de este aumento puede medirse con la salida de divisas, fuga de consumidores, pérdida de actividades económicas y sus efectos multiplicadores. También se desvirtuó la distribución del ingreso y la infraestructura del abasto de bienes nacionales, que afectarán en conjunto y de manera significativa la competitividad. Además, es importante considerar la pérdida potencial de recaudación tributaria, atribuible a la disminución de la dinámica económica de la región.

La visión simplista adoptada por el gobierno federal no tomó en cuenta los aspectos económicos y sociales de la resolución, y aceptó implícitamente la pérdida de competitividad y la concentración del bienestar que resulta del incremento del IVA a nivel regional.