Al comenzar el siglo XXI, México se encuentra ante la necesidad de muchas transformaciones de carácter social, económico y político que se han dado por calificar de reformas estructurales. Muchos de estos cambios se presentan con gran debate, algunos están llenos de incógnitas, desde su identificación y cómo plantearlos. Así, no hay acuerdos en qué significa la democracia y cómo lograrla; el modelo económico no es claro cuál debe ser; sabemos que lo judicial debe recomponerse, pero poco se realiza ante laberintos de inercia y de intereses. Algo paralelo sucede con la seguridad social y los sistemas de pensiones de jubilación como objetos de adecuación estructural. Es claro que se necesitan reformar, pero también es evidente que las formas de hacerlo están en debate y matiz ante intereses corporativos y de grupo, ya sean políticos o económicos. En todo caso, el hecho principal e incontrovertible es la insuficiencia de los recursos para enfrentar obligaciones adquiridas por pensiones, en una tendencia que se agrava con el tiempo, que ya rebasa lo crítico y está cercana a lo catastrófico.